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La abogada Rocío San Miguel advirtió que la normativa podría ampliar la exigencia del carnet de la patria para beneficios como pasaportes

Con el decreto de emergencia económica, que emitió el gobierno el 10 de septiembre, el presidente Nicolás Maduro se otorga más poderes especiales para ejercer mayor control social e imponer el carnet de la patria.

La abogada Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano, aseveró que mas allá de todo el andamiaje económico que contiene el decreto 3610, publicado en la Gaceta Oficial 41478, hay puntos seriamente cuestionables, principalmente la imposición de manera definitiva del carnet de la patria.

Destacó el punto 11 del artículo 2, el cual establece “la implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público”.

Lo señalado podría ampliar la utilización o exigencia del instrumento para servicios como la entrega de pasaportes u otros beneficios de carácter público: “El país tiene que encender las alarmas. Se está avanzando en parámetros de control social que rebasan francamente lo permisible en los ámbitos constitucional y de las obligaciones internacionales de derechos humanos que ha suscrito Venezuela”.

El decreto contiene disposiciones que tienen que ver con conmoción interior. Añadió que en varios de los numerales cita aspectos vinculados con la seguridad y defensa nacional. Suspende temporalmente el porte de armas en todo el país y refiere aspectos técnicos de desestabilización.

El diputado Elías Matta expresó que el decreto le da al presidente todas las competencias que pueda haber para que gobierne prácticamente por decreto y no necesite la aprobación de ninguna instancia. Afirmó que se trata del perfeccionismo del control de las dádivas que entrega a través del carnet de la patria.

El diputado Ángel Alvarado afirmó que el gobierno mantiene su estatus al margen de las leyes y la Constitución. “Desde el primer decreto, la situación del país ha sido cada vez peor. El gobierno busca poderes especiales y trata de darle un ropaje de legalidad a vías que de hecho ya están siendo implementadas en la práctica”.

con información del EN

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