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El próximo viernes 30 de diciembre se cumple un año de la suspensión provisional de la proclamación de los diputados de Amazonas Romal Guzamana, Nirma Guarulla y Julio Igarza, quienes de manera arbitraria fueron desproclamados por la sentencia ilegal de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia número 260 a solicitud del Partido Socialista Unido de Venezuela y de quien fuera la candidata en esa zona sur del país, Nicia Maldonado y Jorge Rodríguez como representante de esa organización política, y el máximo tribunal del país sigue aún incumpliendo una gran cantidad de normas en el caso, asegura el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez acompañado del diputado Sergio Vergara y un grupo de estudiantes y líderes sociales.

Recordó Márquez que el 6 de enero de 2016 se incorporaron legalmente estos diputados indígenas y el 11 del mismo mes la Sala Electoral declaró en desacato a la Asamblea Nacional y ordenó la inmediata desincorporación de esos parlamentarios, “pero es importante ir al fondo del tema, porque estamos en presencia de una asociación para delinquir y una red de delincuencia organizada, además de un fraude político y judicial propiciado por el gobierno y sus cómplices del TSJ para arrebatarle las dos terceras partes a la Mesa de la Unidad Democrática que obtuvo un éxito contundente el 6 de diciembre de 2015”.

Ante la situación que desfavorecía al régimen, éste tomó la iniciativa de nombrar 13 magistrados del TSJ en forma ilegal, y luego el 16 de diciembre en una rueda de prensa, Jorge Rodríguez presentó un fraudulento audio de fecha 5 de diciembre, el día anterior a las elecciones, que por lo tanto no se puede vincular en el proceso electoral en el que ganó la MUD, y solamente se refiriere a una sola mesa en la Unidad Educativa Félix Ramón Rivas, en Limón de Parhueña, del municipio Atures del estado Amazonas, unas supuestas irregularidades producto de una grabación que de ser cierta fue obtenida fraudulentamente a través de un agente encubierto, el cual no contó con la autorización de un tribunal de control ni solicitud del Ministerio Público, ni había abierta ninguna averiguación, resalta el también historiador Walter Márquez.

En este sentido insiste que de haber sido grabada esa conversación, se violó la seguridad de las comunicaciones contemplada en la Constitución de la República, la Ley de Privacidad de las Comunicaciones, “con lo cual estamos en presencia de una red de delincuencia organizada de la cual forma parte no solo Jorge Rodríguez y Nicia Maldonado, sino también los magistrados de las Salas Electoral y Constitucional del TSJ, que se basaron en una prueba fraudulenta, producto de un aparente hecho noticioso, pues una noticia por el hecho de ser publicada no se convierte en cierta, y en este caso la misma fue desmentida al día siguiente tanto por el gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, como por el propio diputado electo Romel Guzamana”.

“Hace un año, el 29 de diciembre, los miembros de esa red de delincuencia organizada, a través de Nicia Maldonado solicitaron la nulidad de las elecciones de Amazonas, lo grave es que la Sala Electoral estaba de vacaciones de Navidad, como lo había hecho desde el año 2000, pero interrumpieron el asueto para conocer de una denuncia de elecciones, y el día 30 de forma fraudulenta suspendieron de manera provisional a los diputados de Amazonas. A partir de allí han usado ese argumento en contra de los diputados indígenas y la AN, que si lo analizamos no tiene incidencia matemática en el resultado electoral de esa zona porque se refieren a una sola mesa, y tampoco el audio menciona a ninguno de los diputados de Amazonas ni a las siglas de la MUD”, indica Márquez.

Todo eso es fraudulento –expresó- porque a partir de una sola mesa los magistrados de la Sala Electoral lo generaliza a todo el estado a través de una figura que llaman hecho notorio que se usa en derecho cuando un suceso no necesita ninguna prueba, pero en el caso de Amazonas por mandato de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la propia jurisprudencia del TSJ, hay que demostrar irregularidad por mesa y centro de votación, lo cual jamás hicieron porque en el expediente ni siquiera anexaron el audio ni la trascripción del mismo ninguna otra prueba.

TSJ sin facultades

Walter Márquez considera grave que la declaratoria de desacato contra la AN y los diputados de Amazonas decretada posteriormente por la Sala Electoral el día 11 de enero no tenga ningún asidero legal ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del TSJ, que solo puede declarar multa pecuniaria cuando alguien no acate una decisión; pero en este caso más que un desacato es un conflicto de poderes, regulado por la propia Constitución, y quien dirime es la Sala Constitucional, que no puede decidir su propio conflicto entre la AN y TSJ , por lo que se evidencia que estamos en presencia de un régimen forajido que utiliza el poder judicial como un instrumento para el control político en el parlamento venezolano. Frente a estas circunstancias la Asamblea tiene que reaccionar con mucho coraje y no dejarse acorralar

Reto a presentar pruebas

Ante la situación presentada emplazo a Jorge Rodríguez y a los miembros del Polo Patriótico a presentar siquiera una sola prueba concreta del fraude de Amazonas, porque estamos en capacidad de demostrar que todo eso ha sido fraudulento. Otro hecho insólito en este caso ha sido la promoción de pruebas que debería haberse celebrado en Puerto Ayacucho, y al inhibirse un juez se debería de haber agotado toda la lista de ellos en el estado, pero la presidenta de la Sala Electoral de manera sesgada envió la promoción de pruebas a la ciudad de Maturín, a 13 horas de Puerto Ayacucho, lo cual demuestra la parcialidad y manipulación del expediente.

Ratificó Walter Márquez que “estamos en presencia de un fraude político, judicial y electoral fabricado por el régimen, que en otros países se llama falso positivo judicial, para lo cual es importante que intervenga el Papa Francisco como facilitador de la solución a la crisis del país, al igual que Luis Almagro como Secretario General de la OEA, para que se respeten los derechos de los diputados de los pueblos indígenas que han sido víctimas de un trato discriminatorio desde el punto de vista étnico y racial.

Así mismo, -expresó- el defensor del Pueblo Tarek William Saab debe asumir la defensa de los legisladores de los pueblos indígenas de Amazonas y Apure porque es su obligación de acuerdo a la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

 

Comisión de la verdad

Igualmente indicó Márquez que se debe designar una comisión de la verdad con participación nacional e internacional que pueda comprobar de una vez por todas que en Amazonas el fraude fue fabricado por el gobierno para usarlo como chantaje contra la AN, porque después de un año el TSJ no han restituido los derechos a los diputados electos ni se ha convocado a nuevas elecciones, ya que en esa zona el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar.

Allí –indicó- el diputado Romel Guzama duplicó en votos al candidato oficialista, 32 mil a 16 mil hace un año, ahora, después que las encuestas señalan que el gobierno tiene el 80% de impopularidad y luego del “billetazo”, de la sacada de circulación de los billetes de 100 bolívares por parte del gobierno, la situación es más crítica para el régimen; el diputado lista de la MUD ganó por 2.200 votos, lo que indica que el gobierno no solo tendría que ganar, sino duplicar en Amazonas para poder quitarnos el diputado lista, con dos diputados que se consoliden mantendremos la mayoría calificada de las dos terceras partes.

Expresó Márquez que “estamos en presencia de un bochornoso fraude político y judicial que debe ser reprochado por el propio parlamento, el cual tiene que asumir la defensa de los diputados de Amazonas, porque hacerlo es defender la mayoría calificada, la democracia y rechazar una dictadura que de hecho y de derecho está utilizando los poderes públicos para violentar la soberanía popular que eligió a estos parlamentarios, además debe pedir nuevamente abrir una investigación penal, que ya lo hice junto con otros parlamentarios en junio de este año contra Jorge Rodríguez y la red de delincuencia organizada de la que forma parte, y pedir una investigación y remoción de los magistrados del TSJ que han violentado una cantidad de normas en perjuicio de los diputados de Amazonas, la soberanía y la democracia venezolana”.

 

Advirtió finalmente que tiene información calificada que señala que el gobierno quiere usar el caso de los diputados de Amazonas para declarar nula la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, intención que debe ser rechazada por todo el país, que debe enfocarse en solicitar el enjuiciamiento y encarcelamiento de Jorge Rodríguez y los magistrados de las salas Constitucional y Electoral del TSJ por formar parte de una red de delincuencia organizada como está demostrado en el caso del fraude constitucional contra los diputados indígenas.

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