
(Waka Noticias. Puerto Ayacucho, 05/04/2019).- El chavismo ha aplicado su aplanadora institucional en la que controla los poderes públicos, para allanar la inmunidad parlamentaria de diputados de la oposición e incluso de disidentes dentro de sus filas a lo largo de los últimos dos periodos legislativos.
Con la mayoría calificada que ostentó entre 2010 y 2015 fueron dos las diputadas las que perdieron su condición de diputadas, al cumplirse el trámite con Luisa Ortega Díaz al frente del Ministerio Público.
La diputada monaguense María Mercedes Aranguren, electa bajo la tarjeta del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para el periodo legislativo 2010-2015, fue la primera en esta lista, una vez que el exgobernador de esa entidad, José Gregorio “El Gato” Briceño, se deslindó del oficialismo.
El 31 de octubre del año 2013, la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acusó a la parlamentaria ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por los supuestos delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir previstos en la Ley Orgánica Contra la delincuencia Organizada.
En dos semanas el TSJ le dio luz verde a las acusaciones y la Asamblea Nacional de mayoría chavista allanó la inmunidad a la parlamentaria. La verdad es que necesitaban 99 votos para aprobarle una Ley Habilitante a Nicolás Maduro, pero les faltaba un voto.
Al destituir a Aranguren, su suplente Carlos Flores tomó el escaño principal y desde entonces fue conocido como “el diputado 99”. Tras su gestión en la AN ahora figura como secretario de Gobierno de la gobernadora chavista de Monagas, Yelitza Santaella.
La primera diputada opositora y la segunda mujer en ser despojada de su escaño fue María Corina Machado. Poco le importó al chavismo que la actual líder de Vente Venezuela, haya sido la parlamentaria con más votos para obtener su cargo. El 21 de marzo de 2014, Machado asumió la vocería de representación alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), para denunciar los atropellos, violaciones a derechos humanos del Gobierno de Maduro.
Esta fue la excusa oficialista para que, de nuevo, Luisa Ortega Díaz en la Fiscalía General de la República y el TSJ controlado por el oficialismo, aplicaran el procedimiento contra Machado. Diosdado Cabello, a la cabeza de la Asamblea Nacional (AN), fue el más furibundo y activo en aplicar el procedimiento contra la opositora.
Como ocurrió con Aranguren, Machado no fue investigada y su suplente que fue dirigente estudiantil en 2007 y adversó a Hugo Chávez, Ricardo Sánchez, se pasó al oficialismo y creó un partido político: Alianza Para el Cambio.
Pero al perder el control del Poder Legislativo, en 2017 se eligió en condiciones irregulares una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que solo contó con la participación del chavismo y en la que de nuevo figura al frente Diosdado Cabello, allanaron la inmunidad parlamentaria de Freddy Guevara, Germán Ferrer, Julio Borges y Juan Requesens.
En noviembre de 2017 Guevara, quien para ese entonces era el primer vicepresidente de la AN, fue acusado por la Constituyente de liderar las protestas antigubernamentales que de marzo a agosto de ese año dejaron más de 100 venezolanos muertos.
La Sala Plena hizo la solicitud, la ANC la aprobó y Guevara se refugió en la embajada de Chile en Venezuela, donde permanece actualmente. Cuando Luisa Ortega Díaz se deslindó del chavismo, su esposo y diputado del PSUV, Germán Ferrer, fue el primero en perder la inmunidad parlamentaria por decisión de la ANC; es decir antes de Freddy Guevara.
La primera decisión de la Constituyente con Delcy Rodríguez a la cabeza fue la de destituir a Ortega Díaz, reemplazarlo con Tarek William Saab y destituir a Ferrer. Su caso se produjo el 17 de agosto de 2017. Sus excompañeros de partido lo señalaron de “dirigir una red de extorsión y corrupción” dentro del MP que dirigió su esposa.
En agosto de 2018 le tocó el turno a los diputados de Primero Justicia, Julio Borges y Juan Requesens. Los dos fueron implicados por la justicia de tramar un magnicidio contra Nicolás Maduro, quien sufrió un atentado fallido el 4 de agosto en la avenida Bolívar de Caracas.
El 7 de agosto la ANC le allanó la inmunidad a Borges y Requesens, con el apoyo de la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia. Fue un procedimiento exprés porque no se cumplieron los lapsos reglamentarios, como en los anteriores casos.
El procedimiento constitucional para allanar la inmunidad a un diputado a la AN, según la Carta Magna de 1999, pasa primero por enviar una solicitud del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien autoriza a la AN para designar a una comisión que estudie el caso y presente un informe sobre la procedencia o no de la solicitud. En los 30 días siguientes se deben pronunciar; de lo contrario, el procedimiento habrá sido denegado.
Este lunes 1 de abril, el presidente del TSJ Maikel Moreno, solicitó a la ANC allanar la inmunidad parlamentaria al presidente encargado de Venezuela y de la AN, Juan Guaidó, al ser acusado de delitos, el Ministerio Público toma parte del caso, como pasó con Aranguren, Guevara, Ferrer, Requesens y Borges.
Por: TSU Juan Carlos Mendoza
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@manute76
Fuente: www.efectococuyo.com