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La Corte Penal Internacional (CPI) informó este lunes que, tras el examen preliminar abierto en 2018 por el caso de Venezuela, hay fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017” el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.

El informe del organismo internacional apunta directamente contra las fuerzas de seguridad del régimen chavista, como “presuntamente responsables por la comisión material de los presuntos crímenes”, y contra “individuos a favor del Gobierno” que participaron en la represión de opositores.

Entre las fuerzas de seguridad chavistas señaladas por la CPI se encuentran la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), “y ciertas unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Respecto a la persecución de opositores por parte de funcionarios chavistas, el reporte de la Corte Penal sostiene que en algunos casos éstos actuaron “junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento”.

La Fiscalía ha concluido que la información disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, con arreglo al apartado e) del párrafo 1 del artículo 7; tortura, conforme al apartado f) del párrafo 1 del artículo 7; violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, con arreglo al apartado g) del párrafo 1 del artículo 7; y persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, de conformidad con el apartado h) del párrafo 1 del artículo 7 del Estatuto de Roma”, señala el informe.

La Corte Penal Internacional abrió un examen preliminar sobre las innumerables denuncias contra la dictadura de Maduro, luego de que recibiera una remisión por parte de un grupo de países que forman parte del Estatuto, como Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. “Los Estados remitentes solicitaron a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, a fin de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas”.

La CPI también tuvo en cuenta diversos informes de organismos internacionales, como el recientemente elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA): “Fomento de la impunidad: el impacto del fracaso de la Fiscal de la Corte Penal Internacional en abrir una investigación sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”.

El nuevo reporte de la OEA sobre la crisis humanitaria en Venezuela arrojó estremecedoras cifras sobre los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Entre ellos sobresalen las más de 18.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas por sus fuerzas desde 2014, así como más de 15.000 detenciones arbitrarias y cientos de casos de tortura. No obstante, aseguran que esta última cifra es probablemente mayor “ya que informes confiables destacan que muchas de los miles de personas detenidas han sido víctimas” de este tipo de tratos.

Con información de infobae