Waka Noticias.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, denunció que no le permiten al Ministerio Público (MP) imputar en su sede sino que lo debe hacer en sedes tribunalicias. “Estas acciones fortalecen la impunidad", dijo.

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó este miércoles que el Estado necesita recomposición, tranquilidad, seguridad y que el Gobierno cese el acoso y la persecución en contra de los ciudadanos.

 “La gente está cansada de esas cosas anormales que no permiten que el Estado avance”, aseguró durante una entrevista en Venevisión Ortega Díaz, quien sostuvo que hay personas que son “extorsionadas” para permitirles el acceso a las bolsas CLAP.

“Tenemos denuncias de que los obligan a firmar para determinados eventos, si no (lo hacen) les quitan la bolsa CLAP, los amenazan con quitarles el beneficios de las misiones o lo que hayan obtenido del Estado como ciudadanos. Tenemos denuncias preocupantes porque eso es como una esclavitud, una perversión, someter a unas personas a sanción, castigo, a un estado de amenaza permanente. Creo que el Estado necesita recomposición, reordenamiento, tranquilidad, paz, armonía, que cesen los acosos, persecuciones”, explicó.

Al ser consultada sobre la designación de los magistrados que hará el Parlamento este viernes, manifestó que es el mismo problema de “la designación de una vicefiscal al margen de la ley”,  reiteró “que el Estado hay que ordenarlo, el estado necesita que haya orden”. 

TSJ fortalece la impunidad

Aseguró que cada vez que la Fiscalía cita para imputar a algún funcionario de Gobierno “o relacionado con ellos, el TSJ dicta un disparate jurídico” como pasó en los casos del director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y Antonio Benavides Torres cuando estaba al frente de la Guardia Nacional (GN), que se les otorgó una condición de altos funcionarios y se anuló sus convocatorias para imputarlos “de manera expedita”.

“Sin embargo yo soy una alta funcionaria y de forma rápida hicieron un antejuicio de mérito fraudulento”, resaltó.

Posteriormente, recordó que “igualmente pasó cuando invitamos para imputar a las personas del caso de Odebrecht y salió el TSJ con un disparate jurídico diciendo que no podemos imputar en la sede del MP sino en sedes tribunalicias. “Quiero recordar que esos delitos se han cometido y no prescriben, en consecuencia estarán permanentemente hasta que se pueda hacer justicia en este país”.

Ortega Díaz aseguró que tales acciones del TSJ “han venido en detrimento de la justicia y fortalecen la impunidad”.

Con respecto al “plan de emergencia judicial” presentado por el presidente del TSJ Maikel Moreno, al presidente de la República Nicolás Maduro, precisó que no ha visto ningún plan; sin embargo, estableció que “todas las cosas positivas que sean para fortalecer el Estado deben ser recibidas de buena manera. Ojalá sea un plan para resolver el tema de la impunidad y la injusticia”.

Caso de 14 polichachao “en un limbo jurídico”

Ortega Díaz reiteró que no sabe por qué los 14 funcionarios de Polichacao, que tienen boleta de excarcelación desde el año pasado, permanecen privados de libertad. “Solicitamos que le dieran una medida cautelar sustitutiva de libertad con margen de presentación y hasta la fecha el caso no ha sido resuelto”.

Aseguró que desconoce quién dio la orden para que aún permanezcan privados de libertad. “Es un limbo jurídico porque nadie da respuestas”. Calificó de “incomprensible” esta situación. A su juicio este caso se trata de un capricho, y últimamente “la justicia se maneja por caprichos”.

En ese sentido, resaltó que existe una violación de las leyes y la Constitución de la República. “El Estado no ejerce su poder, las instituciones están desvirtuadas y prueba de ello es lo que está ocurriendo con los 14 funcionarios”.

En el caso del legislador por el estado Barinas, Wilmer Azuaje, refirió que se mantiene privado de libertad encadenado a una escalera aun cuando tiene medida de “casa por cárcel”.

Denunció que el Ministerio Público no ha podido ir hasta el sitio donde se encuentra Azuaje. “A pesar de que la Constitución y la ley señalan que el MP está en la obligación de constatar el estado de los privados de libertad, nosotros no hemos podido tener acceso”.

Detalló que el parlamentario, les narró telefónicamente que no lo trasladaban al baño. “Ahí mismo tiene que hacer sus necesidades”. En ese sentido, resaltó que él debe permanecer privado de libertad en su casa “hecho que no se ha materializado, y no hay a quién acudir, ni dónde solicitarlo, no hay quien ponga orden, ni una persona sensata con criterio de Estado republicano que le duela el país y le ponga orden a todo esto”.

Agresores de Scovino siguen libres

La titular del Ministerio Público precisó que los ocho funcionarios que agredieron “brutalmente” al joven Gianni Scovino, que tiene la condición de Asperger, en Lechería, estado Anzoátegui, no están privados de libertad.

“Cuando una persona comete un delito y es privado de libertad, la autoridad aprehensora debe ponerlo inmediatamente a la orden del Ministerio Público, para que este lo presente ante el tribunal, eso no ha ocurrido por eso presumimos que no están privados de libertad”. Informó que emitieron la orden de captura de los funcionarios y hasta el momento no la han recibido.

Es por ello, explicó, que se debe informar al Ministerio Público y al tribunal si efectivamente fueron ejecutadas esas órdenes. “Nos hace presumir que no están privados de libertad porque la obligación de cualquier funcionario aprehensor es inmediatamente notificar que fue aprehendido”.

“El polígrafo es promovido ilegalmente”

La prueba del polígrafo a la que fueron sometidos el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y el contralor de la República, Manuel Galindo, “ha sido promovida ilegalmente”. Detalló que primero “era un antejuicio de mérito por unas faltas graves, luego se convirtió en delitos que no sé cuáles son y el tribunal hasta se convirtió en un órgano investigador. Es una absoluta anarquía, un absoluto desorden”.

Alertó que las órdenes que han impuesto contra ella “son distractivas. Pretenden distraer el punto fundamental de mi denuncia sobre los magistrados electos el 23 de diciembre del 2015, quienes son ilegítimos, ilegales e inconstitucionales”.

Denunció que en la lista de los aspirantes a magistrados que fue enviada por el Consejo Moral Repúblicano en el mes de diciembre del 2015 el actual magistrado suplente de la Sala Constitucional, Juan Carlos Valdés González, no aparece en ellas. “Por esa razón no firmé, eso debe causar alarma. Con el polígrafo y las actas quieren distraer”

Detalló que la designación de los magistrados es ilegal porque “el proceso no se hizo en los lapsos correctos, muchos de los magistrados no cumplen con los requisitos establecidos en la ley”.

 Solicitud de protección a la CIDH

Por otra parte, recordó la solicitud que introdujo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección del Ministerio Público por los ataques que han recibido los funcionarios y trabajadores de la institución en los últimos tres meses.

“Hay ataques contra la institución y yo estoy en la obligación de preservarla y garantizar la seguridad de los trabajadores, así como la de los ciudadanos. Tengo que dar seguridad, tranquilidad y protección”.

Ortega Díaz sostuvo que así la destituyan seguirá con "el compromiso de Estado, con el país y con los venezolanos. Mientras siga siendo fiscal voy a continuar en la lucha, no me van a detener, seguiré denunciando lo que la Constitución y la ley me permitan, no creo que me vayan a detener”.

Fuente: El Nacional