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Puerto Ayacucho.- Entrevista al Coordinador General del Grupo de investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), sobre la situación socioambiental del río Orinoco, a 69 años de la expedición franco – venezolana que dio a conocer a occidente la zona de su naciente.
 
El legado científico de la expedición franco – venezolana y la necesidad de proteger al río más importante del país y parte del mundo, ante una amenaza que ya empezó
a materializarse: minería, desviación de sus cursos de agua, alteración de su morfodinámica, vertido de químicos altamente tóxicos y contaminantes a sus
ecosistemas y pueblos originarios:
 
El 24 de noviembre de 1951, llegaba a su destino la expedición franco – venezolana que dio a conocer a occidente las cabeceras del río Orinoco, el más importante del país y parte del mundo, configurándose una de las más importantes hazañas durante 7 meses de hozada navegación sobre raudales, intemperie, diversidad biológica y exuberantes paisajes nunca antes visto, al menos no por personas distintas a los indígenas de la zona.
 
Esta expedición fue comandada por el Mayor del ejercito venezolano Franz Rísquez Iribarren y conformada por un equipo multidisciplinario de 54 hombres, en especial de las ciencias biológicas y natulares (venezolanos y franceses), así como los indígenas más avezados de la zona. El sitio de partida fue en la comunidad La Esmeralda (Alto Orinoco), para luego desplazarse por los sectores: Peñascal, Mavaka, Mahokodothëri, Raudal de Guaharibo, Isla Amoladores, Raudal de los Esfuerzos, Salto Libertador, y finalmente llegar a las cabeceras del río Orinoco, ubicada en el Cerro “Carlos Delgado Chalbaud” en la Sierra Parima (muchos de estos topónimos otorgados por esta expedición). La guía y destreza de indígenas, en especial de los Ye’kwana, hizo posible sortear los embates del río, que cobró la vida de 2 de los expedicionarios.
 
Durante cinco siglos innumerables expediciones han recorrido el Orinoco, unas en busca de tesoros legendarios, mientras otras en la noble búsqueda del conocimiento, como la llevada a cabo sobre este río por Alexander Von Humbolt en sus viajes equinocciales de América. La expedición de 1951 tenía como misión ubicar las cabeceras del Orinoco, realizar mediciones geográficas y colecciones científicas de la fauna y flora de esta desconocida región.
 
Según el Dr. Pablo Anduze, en su obra Shailili-ko, donde relata parte de esta expedición de la cual formó parte, aparte de desarrollar esta tarea de tipo científico, la expedición tuvo los primeros contactos (después de dos siglos) con la población
Yanomami que se encontraba resguardada en la Sierra Parima proveniente de Brasil, para evitar ser diezmados por los colonizadores portugueses en el siglo XVIII. Sobre este detalle hay cierto concenso entre los Antropólogos más notables sobre estas investigaciones, entre ellos, Jacques Lizot.
 
Este primer contacto después de dos siglos, sirvió para informar a occidente sobre la presencia de los indígenas Yanomami (llamados Waika para la época) a su paso por el Alto Orinoco, por lo cual en el año 1957 se fundó la Misión Salesiana “Santa María de los Waika”, en Ocamo. Este establecimiento constituyó la primera relación no hostil entre los Yanomami y la población no indígena. Este artículo no se refiere al termino “descubrimiento”, porque para los indígenas
Yanomami y Ye’kwana, entre otros, las cabeceras del Orinoco siempre estuvieron
ahí para los primeros habitantes amazónicos, que data desde al menos 20.000 años, según el Antropólogo Rony Velásquez. Sin embargo, para occidente fue una gran noticia porque se trataba de un hallazgo trascendental que mostraba el punto de partida de uno de los ríos más importantes del mundo, cuyo valor biodiverso, estratégico y de integración aún no ha sido desarrollado adecuadamente y puesto al servicio de la ciencia y la humanidad, pese a algunos infructíferos e inadecuados intentos.
 
69 años después de aquella expedición con fines científicos y estratégicos, hoy el río Orinoco se encuentra severamente amenazado, y en cierto grado ya materializados daños irreversibles a causa de la minería ilegal: desviación de sus cursos de agua, sedimentación, alteración de su morfodinámica, vertido de químicos altamente tóxicos y contaminantes (en especial mercurio) a sus ecosistemas y pueblos indígenas que habitan en la margen de los 2.140 kilómetros de río que discurre desde su naciente en la Sierra Parima de los Yanomami, hasta su desembocadura en el Delta de los Warao.
 
A partir de la década de los 80 del siglo pasado, cuando empezaba la explotación de minerales en la zona de naciente del Orinoco por parte de garimpeiros, los gobiernos de la época tomaron una serie de medidas para contrarrestar estas acciones, por lo cual generaron un conjunto de instrumentos legales tendientes a proteger el río de mayor importancia para los venezolanos. Uno de esos instrumentos, entre otras medidas, fue el Decreto 269 del año 1989 (G.O. 4.106), que prohíbe toda actividad de minería metálica en el entonces Territorio Federal Amazonas, cuyo decreto a pesar de estar en plena vigencia, en los últimos años (especialmente desde el año 2005) no ha sido ni mínimamente respetado o garantizado su contenido sobre la protección ambiental de esta región.
 
Según investigación del año 2018 ejecutada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en ingles) y la Universidad de Maryland, cada añose deforestan 30.000 hectáreas de bosques en la margen del río Orinoco a causa de la minería, ganadería, agricultura y otras actividades ejecutadas a ambos lados de la frontera colombo - venezolana. Sin embargo, el informe 2019 de la organización SOS ORINOCO, este río experimenta su mayor afectación en la confluencia con el río Ventuari, donde se sitúa el Parque Nacional Yapacana, el más devastado de los 44 parques nacionales del país, donde se ha detectado un significativo número de máquinas excavadoras, chupadoras, motobombas de alta presión, dragas y todo un entramado para la explotación y devastación ambiental -y social-. A 69 años de la gran expedición franco – venezolana del río Orinoco, y a 31 años del Decreto 269 que lo protege, es necesario elevar la urgencia de ratificar su contenido para proteger a uno de los patrimonios biológicos más importantes de nuestro país y el mundo, así como uno de los elementos más importantes en la cosmovisión, vida y subsistencia de los pueblos indígenas del Amazonas y Guayana venezolana.
 
Igualmente advertimos la pretensión de derogar este instrumento legal, que es considerado el más importante en cuanto prohíbe expresamente las actividades de
minería metálica en el estado Amazonas, aunque de hecho, se continúen ejecutando ante la actitud omisiva y partícipe de actores gubernamentales en estas actividades ilegales, primera causa de la degradación ambiental al sur del río Orinoco.
 
Por Luis Betancourt Montenegro.
Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía.
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